Por: Alejandra Vargas, Head de Legal & Compliance de Futura Farms
(Agraria.pe) Luego de un arduo trabajo efectuado entre representantes estatales, médicos y usuarios, comprometidos con la tutela efectiva del derecho a la salud de los pacientes involucrados, en noviembre del 2017, el Perú aprobó la primera ley mediante la cual regula el uso informado, investigación, producción, importación y comercialización del cannabis y sus derivados destinados exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos.
No obstante, la ley publicada resultó tener una perspectiva estrictamente farmacéutica, dejando de lado a los cultivadores artesanales, lo que incluye a los pacientes cuyo tratamiento se había adecuado al perfil específico de la planta que cultivaban para dicho fin. En ese sentido, en el 2021 se modificó la ley incorporando la producción artesanal con cultivo asociativo.
Pero la lucha por alcanzar un verdadero acceso a los beneficios de la planta no ha cesado. Para lograr un reglamento eficiente, resulta prioritario educar en todos los niveles al ciudadano, al profesional de la salud y, especialmente, a las autoridades, y no sobrerregular el sistema.
No obstante, velar por la comunicación efectiva de los beneficios de esta planta al consumidor está restringido por la normativa vigente, y ello entorpece el acceso y ejercicio pleno del derecho a contar con información de calidad para opinar y tomar decisiones que tienen los ciudadanos.
Lograr la democratización del acceso al cannabis implica trabajar por un acceso real y justo a la planta con la finalidad de maximizar las propiedades medicinales y terapéuticas que contribuyen con el bienestar del paciente, y, por otro lado, la oportunidad de mercado que su cultivo y procesamiento significa para la economía del país.
En este extremo, recordemos que la Convención Única de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas exceptuó de restricciones, expresamente, a la planta de cannabis industrial, también conocida como “cáñamo”, liberando su cultivo.
La planta debe dejar de ser tratada como un tabú, pues propicia la salud y bienestar de quienes la consumen con fines medicinales y terapéuticos, debidamente guiados por profesionales de la salud capacitados, y significa una oportunidad para potenciar el sector industrial peruano a múltiples escalas de producción.
Afortunadamente, en este último aspecto, representantes del sector público han encontrado un consenso multisectorial que abriría las puertas del mercado sostenible del cáñamo al Perú. Si bien faltan muchos aspectos por definir antes de poder contar con un marco normativo definido, aplaudimos los avances y la disposición del Estado por reconocer el potencial que el cannabis significa para el país y sus ciudadanos.
Fuente: El Peruano
