(Agraria.pe) La inacción del gobierno de Pedro Castillo hacia los últimos actos vandálicos registrados en el país contra el sector empresarial ha contribuido a que la violencia siga creciendo sin freno.
Primero fue el ataque del último viernes al campamento minero de Apumayo, en el sur de Ayacucho; le siguió la agresión a policías, vigilantes y trabajadores de Antamina, en Áncash, por parte de antimineros que se oponen a toda actividad extractiva en el país; y el último domingo, la compañía Caña Brava vio cómo 80 hectáreas de sus campos de cultivo en Piura fueron incendiadas por vándalos que aún no han podido ser identificados.
Rocco Zetola, gerente general de Caña Brava, contó que, desde que se reportó el incendio, la empresa apoyó a las familias que se vieron afectadas con el humo. Sin embargo, refirió que, pese a ello, sus instalaciones fueron nuevamente atacadas.
“En la noche (del domingo) los bomberos de Sullana hacían denodados esfuerzos por apagar el fuego, pero una veintena de pobladores irrumpió en lugar y quemaron todo lo que tenían a su paso; incluso tuvieron un intercambio violento con los bomberos, algunas unidades fueron golpeadas”, declaró.
Zetola aclaró que la empresa no quema caña de azúcar “desde hace cinco años” y detalló que las pérdidas materiales que ha provocado el incendio alcanzan el millón de dólares.
“Buscamos mesas de diálogo para entendernos mutuamente, hay exigencias y queremos dejar en claro que hemos sido afectados al igual que los pobladores”, manifestó el empresario.
Caña Brava hizo su propio pronunciamiento y detalló que puso a disposición de los afectados dos médicos y dos enfermeras para la atención médica.
Aunque lo más preocupante es que la gestión de Castillo se pone del lado de estas condenables manifestaciones. La premier Mirtha Vásquez dijo el último domingo que si bien “hay factores que distorsionan la protesta”, estos “no la descalifican”.
Extremismo
Fuentes de la Dircote señalaron que no se descarta que el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, esté detrás de la violencia. Confirmaron que en Piura sí existe presencia senderista y refirieron que todos estos actos están bajo investigación.
En tanto, el especialista Pedro Yaranga dijo que si bien el Movadef “puede no estar encabezando las acciones, sí participa” de ellas.
“Estas personas pueden asesinar a otras. Seguro lo empezarán a hacer para dar paso al cierre de las empresas mineras y de la agroindustria”, sostuvo.
Fuente: Perú 21
