Modificaciones a la norma se consensuaron con la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (AnpePerú), señala la entidad adscrita al Minagri. Sin embargo, ahora los productores agremiados piden que se derogue.
(Agraria.pe) El proyecto de reglamento que aprueba una nueva certificación orgánica de bajo costo favorece a los pequeños productores agropecuarios y se inició en coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (Anpe Perú), presidida por Felimón Mechato y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) en el 2017.
En julio de ese año se presentó una propuesta de reglamento consensuada con la AnpePerú, el Minagri y otras organizaciones, la cual contó con la mediación del ex congresista Horacio Zeballos Patrón. Al año siguiente, la Comisión de Análisis de Calidad Regulatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Reglamento de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica.
Luego se publicó el proyecto de Reglamento de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica con Resolución Ministerial N°0086-2019-Minagri y el proyecto de Decreto Supremo que lo aprueba, el cual daba un plazo de 90 días para recibir opiniones y sugerencias, que venció el 12 de marzo de 2019.
Durante la consulta pública, la Anpe Perú, presidida hoy por Eusebio Vásquez Ayala, solicitó la promulgación de una norma específica para el Sistema de Garantía Participativo (SGP) que no considere a los Organismos de Certificación; además, requirió mantener términos y conceptos que vienen utilizando en la certificación orgánica que no aseguraban evitar un conflicto de intereses en la certificación orgánica en varios de sus Consejos Regionales, donde los productores tienen parentescos familiares con sus inspectores.
Al culminar el tiempo de consulta pública, Senasa se reunió en tres oportunidades con la Anpe Perú y otras organizaciones, acogió sus sugerencias como la reducción de los costos de los Procedimientos Administrativos mediante el TUPA, el retiro de las tasas establecidas en porcentaje, la reducción de las multas de las obligaciones de los SGP y los operadores orgánicos con una fiscalización orientativa para velar por su cumplimento, así como que la georreferenciación o mapas de ubicación serían progresivos.
Además, solicitaron incluir los antecedentes del Sistema de Garantía Participativo en el país, la autorización de estos en cada jurisdicción donde se genera el producto, así como la homologación de los términos acorde a su manual de procedimientos con las del Reglamento.
El Reglamento de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica modificado por el Decreto Legislativo N°1451 busca mejorar los procedimientos que faciliten el acceso a la certificación de productos orgánicos producidos y elaborados por los pequeños productores al mercado nacional así como fortalecer la fiscalización de la producción orgánica a nivel nacional.
Beneficios que brinda el reglamento a los pequeños productores
Senasa indicó que los beneficios que brinda este reglamento son: un nuevo sistema de certificación orgánica de bajo costo y destinado al mercado nacional; articular sus productos orgánicos a los mercados con una certificación a bajo costo; comercializar sus productos como orgánicos en el mercado nacional en supermercados y malls.
Así como revalorar sus conocimientos ancestrales en prácticas agroecológicas equivalentes a la producción orgánica; un SGP en cada departamento para certificar la producción orgánica local; mayores ingresos: un producto orgánico certificado cuesta 2 a 3 veces el precio de uno convencional.
Anpe Perú pide derogatoria del reglamento
Sin embargo, ahora Anpe Perú manifiesta que ha recibido con tristeza y preocupación el Reglamento de Certificacion y Fiscalizacion de la Producion Organica emitido por el Minagri, ya que no ha tomado en cuenta las sugerencias y propuestas que les entregaron para que sea aplicado a la realidad de los pequeños productores del Perú.
La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (Anpe Perú) y Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), que integran el Consejo Nacional del Sistema de Garantía Participativo, pidieron al Gobierno la derogatoria inmediata del Decreto Supremo N° 002-2020-Minagri que aprueba el reglamento de certificación y fiscalización de la producción orgánica (publicada el 6 de febrero último) por considerar que perjudica gravemente la actividad de los pequeños agricultores agroecológicos y el derecho de los consumidores de acceder a alimentos libres de pesticidas.
Indican que dicha norma busca regular la actividad de los agricultores agroecológicos quienes, a falta de apoyo por parte de los sucesivos gobiernos, crearon su propio sistema de certificación para asegurar y garantizar que el consumidor disponga de alimentos orgánicos, libres de pesticidas, que contribuyan a su alimentación y prevengan problemas para su salud. Sostienen que dicho sistema busca defender la agrobiodiversidad y mitigar los efectos devastadores del cambio climático.
Señalan que el referido Decreto Supremo establece 31 obligaciones distintas (a lo establecido en el Plan Nacional de la Agricultura Familiar 2019-2021), así como una serie de requisitos costosos y burocráticos como son la inscripción en los Registros Públicos, contar con inspectores, elaborar un Manual de Organización, un Manual de Funcionamiento, diseñar una serie inacabable de formularios, etc.
“Tales exigencias son de imposible cumplimiento para el desarrollo de la actividad. Del mismo modo, (el Decrero Supremo) consigna una serie de infracciones y sanciones tan severas que no se les exigen ni siquiera a las más grandes empresas agroindustriales del país ni a los que hacen agricultura convencional que ya tienen malas prácticas contaminando las aguas, suelos y alimentos”, sostienen.
