Desde hace tres años es algo complicado conseguir hotel en las regiones del país. Para un profesional del agro que no puede pagar más de 60 USD por noche, resulta competitivo encontrar hotel disponible si no se ha hecho la reserva previa con días de anticipación. Uno de los casos más críticos es Piura, cuyos hoteles de tarifa media a menudo están llenos, no de empresarios o funcionarios de alto nivel, por lo general están llenos de técnicos contratados en las labores de construcción de los centros comerciales; casco en mano un número cada vez mayor de técnicos especializados van desplazándose por el país conforme se construyen carreteras, obras de irrigación, malls, hospitales, colegios, tuberías de gas etc.
A un técnico especializado le importa un pepino verde el salario mínimo legal, ganan más de S/ 3,000 al mes y cada año mejoran sus remuneraciones. En el agro podemos ver muchos casos como podadores, injertadores, raleadores, polinizadores, maquinistas, capataces, frigoristas, mecánicos etc. Personas que se han especializado en algo y son motivo de disputas de las empresas por reclutarlos.
La productividad del trabajador es un elemento esencial de la competitividad del sector. Multipliquemos el ingreso anual por el costo de mano obra total y dividamos entre el costo de producción por el número de operarios y vamos a tener un indicador de la productividad laboral (ventas x costomanodeobra / costo de producción x # operarios). Existe una diferencia enorme entre la productividad laboral de las empresas de servicios y las de producción y esto es básicamente porque tienen un recurso humano más especializado y más procesos susceptibles de automatizarse.
Un buen trabajador siempre estará por encima del sueldo promedio, su productividad es alta y la felicidad de los empleadores también. No se confunda productividad con trabajar más horas. La productividad va por hacer las cosas bien, con un mínimo de errores, sin contramarchas; va por ser parte de un equipo de trabajo y que exista sinergias del trabajo en conjunto. La productividad requiere de ser eficientes y eficaces y esto se logra con capacitación, con apropiadas condiciones de trabajo pero por sobre todas las cosas por un apropiado proceso de selección de personal.
Pero una empresa del agro que debe contratar a más de mil personas para los trabajos del día a día en lugares donde escasea el recurso humano, casi no tiene margen para realizar un apropiado proceso de selección y allí valgan verdades la mitad que no trabaja acaba por contagiar el desgano y la baja productividad a la otra mitad que estaría dispuesta a esforzarse y hacer un mejor trabajo. Incluso proliferan las consignas de que no hagamos más que “x” jabas o kg o surcos, ratios que por lo general están por debajo de los antiguos “tareos”. En estas condiciones el que trabaja mucho es “un tonto”.
Es un dolor de cabeza supervisar a los operarios en las empresas agrícolas. En muchos casos existen procesos de mejora de condiciones laborales movilidad, uniformes, alimentación que son condiciones básicas que hay que tener, pero que hace cinco años no existían. Lo sorprendente es ver que cuando se han hecho las mejoras, la productividad no ha aumentado y por el contrario el “colectivo social” parecería exigir siempre más para producir menos.
Lo que sí funciona es la capacitación intensiva, ésta por lo general mejora la productividad y la identificación con la empresa; pero solo por unos años pues llega otra empresa, le ofrece un mejor puesto y el doble de sueldo y adiós “línea de carrera”.
No quiero dar una imagen fatalista de la administración del recurso humano, pero estas líneas son producto de la experiencia propia. Para que tengamos una idea, por lo general una empresa agroexportadora tiene una utilidad promedio (última línea del Estado de Ganancias y Pérdidas) de 10% sobre ventas; siendo el costo de producción aproximadamente 70% de las ventas, de este 70% la mano de obra por lo menos representa 20%. En el supuesto que el costo laboral se incrementa en 10%, entonces tengo que restar casi 2% (1.7% libre de renta) a las utilidades netas, la última línea no sería 10% sino 8% de las ventas (es decir si mi costo laboral sube en 10% mis utilidades netas habrán bajado 20%) Esto sin considerar que el sueldo mínimo vital acaba de ser aumentado, que el dólar sigue depreciándose y que la economía mundial está algo recesada.
Lo anterior muestra la gran sensibilidad que tienen las empresas del agro con respecto al costo del personal. Algo que al parecer nuestro congresista Julio César Gagó, presidente de la comisión de trabajo y seguridad social del congreso, desconoce. Sorprende doblemente viniendo de un emprendedor que por lo general percibe que el ingreso debe ser proporcional al esfuerzo de cada persona. Una empresa dedicada a los servicios como la venta de equipos tiene una realidad bastante diferente: en ventas siempre funciona linealmente más motivación, mejor clima laboral, apropiada comisión por ventas y efectivamente habrán más ventas; aquí todos felices.
Lamentablemente en el agro más beneficios no es sinónimo de más productividad. También es difícil que exista abuso del personal, pues simplemente las personas se van a trabajar a otra empresa, la carencia del recurso humano en las regiones agroexportadoras no permite que haya explotación y tampoco es política de las empresas hacerlo.
Con todo lo anterior no se está pidiendo más beneficios a las empresas agroexportadoras, sino que simplemente se mantenga el marco promotor vigente de la Ley 27360 y que mediante Ley 28810 se extendió hasta diciembre del 2021. El Congreso de la República como primer poder del Estado debe comprender que su intervención puede afectar de manera importante la marcha de los sectores de la economía. Competimos con el mundo y esto no es palabrería, los sobrecostos repentinos equivalen a que en una pelea de box nuestro entrenador entre al cuadrilatero y nos dé un golpe bajo.
Tenemos un sector agroexportador que está fortaleciéndose y esta misma fortaleza ganada hará que progresivamente el mismo mercado suba las remuneraciones por la carencia cada vez mayor de personal y algo más importante por la necesidad de tener gente cada vez más especializada. Los salarios en el campo están subiendo sin necesidad de regulación, pero están subiendo para los mejores, ese es el camino, entendamos que el esfuerzo tiene una recompensa y que el buen trabajador no debe subsidiar al que no aporta.
Dejemos que crezcan las empresas y veremos cómo aumenta la competencia por reclutar personal y cómo ellos mismos mejorarán cada año las condiciones laborales para poder atraer a los mejores cuadros laborales e incorporarán más tecnología.
El proyecto de Ley del Congresista Gagó plantea, en la práctica elevar el monto de despido y aumentar el periodo de vacaciones. Reitero la pregunta que hice hace un año, cómo puede llamarse despido arbitrario cuando una empresa contrata a álguien por cuatro meses para realizar labores temporales, cómo puede llamarse despido si ya se sabía que la “chamba” era solo por cuatro meses. De otro lado aumentar el periodo de vacaciones tiene un impacto en la práctica: aumenta el sueldo a las personas sin que esto necesariamente corresponda a un aumento de productividad.
Estamos en un proceso de evolución donde las empresas van mejorando sus condiciones laborales y los trabajadores deben ir especializándose y allí es donde se debe incidir: ¿cómo creamos mecanismos de especialización en las personas y cómo mejoramos sus condiciones de vida cumpliendo el rol que le compete al Estado?.
Sobre el tema de especialización, muy sencillo. Facultemos al FIDECOM/FINCYT o Ministerio de Trabajo a establecer un programa de especialización tecnológica. Que el personal obrero o técnico pueda aplicar a un fondo no reembolsable que le pague el 70% de la especialización, el otro 20% que lo pague la empresa y el 10% lo asuma el trabajador. Si el trabajador debe dejar de trabajar para especializarse que la empresa le financia el ingreso mensual (máximo seis meses de especialización).
La comisión de trabajo y seguridad social del congreso debería concentrarse en este último tema la seguridad social. La salud es un bien público por excelencia y es allí donde deberían centrarse las atenciones de los legisladores. Resulta paradójico que existan programas de subvención estatal que dan 100 soles mensuales a cada familia, personas que tienen un pobre acceso al sistema de salud y cada vez que se enferman deben comprar medicinas en las farmacias privadas por un monto mayor a cualquier subvención monetaria que reciben. Más aún si en las farmacias privadas nunca encuentran medicinas genéricas.
El congreso tiene en la Ley 27360 una gran herramienta para masificar el acceso al sistema de salud en los sectores rurales y al mismo tiempo fomentar la formalización laboral, no de los 500 mil trabajadores que existen en el sector formal del agro sino en los más de tres millones de auto empleados del sector agropecuario del país, que por cierto carecen de acceso al sistema de seguridad social y en su mayor parte no están bancarizados.
Basta ver el dinamismo que hay en Ica, Trujillo o Piura alrededor de la agroindustria para entender el efecto multiplicador que genera la formalización de estas personas y su acceso al sistema financiero. Que las personas puedan acceder a tasas del 2% mensual en lugar de tasas de interés informales del 10% mensual es un gran primer paso. El acceso al sistema financiero le ahorra sobrecostos a las personas (con el respectivo cuidado a no sobre-endeudarse) el tener líneas de crédito disponibles ayuda a las familias a evitar pérdidas mayores y lo más importante es que les va permitiendo incubar pequeños negocios que van creciendo con el tiempo.
El crédito responsable, aumenta el consumo y dinamiza la economía. Esta es una reflexión muy importante: Si para promover la formalidad del empleo rural (MYPES informales) el Estado asume el costo del 4% de la seguridad social. Entonces habrá un incentivo fuerte para que espontáneamente muchas pequeñas empresas agropecuarias se formalicen. El Estado va a recuperar algo de renta e IGV del consumo. El trabajador una vez bancarizado por lo menos adelanta un mes de consumo, es decir el consumo de las personas aumenta por lo menos en un sueldo al año, esto dinamizará las economías locales tremendamente, pero mejor aún el acceso a un mejor sistema de salud de las personas debe motivar a que haya más prevención y menos gasto familiar en medicinas, esto evita que las familias se descapitalicen.
¿Cuánto costará formalizar 500 mil nuevos empleos en el agro? cuesta según la propuesta 180 millones de soles por año (hasta el 2021 fecha en que acabaría el beneficio). S/ 180 millones que el estado debe gastarlos igualmente porque es cobertura de salud para personas de bajos recursos.
Mantengamos la Ley de Promoción Agraria y mejorémosla, logremos que beneficie a asociaciones, cooperativas y a todo el sector forestal y su industria. Corrijamos algunas falencias de su reglamentación como aquella que dice que dejando de pagar ESSALUD por dos periodos consecutivos se pierde el beneficio o algo también terrible: si la empresa tiene utilidad del ejercicio, pero pérdidas acumuladas entonces no puede repartir utilidades a los trabajadores, lo cual empeora el clima laboral.
Generemos incentivos temporales para que se dé la formalización del empleo rural y su acceso a la seguridad social, con esto habremos logrado la gran transformación.
Lima, 28 de abril del 2012
